Explorar todas las preguntas

La negligencia requiere (1) deber, (2) incumplimiento, (3) causa próxima (legal) y (4) daños reales. La intención NO es un elemento de la negligencia; es el rasgo distintivo de un agravio intencional como agresión o detención ilegal. Un demandado negligente puede ser responsable aunque nunca haya tenido la intención de causar daño.

California sigue la negligencia comparativa PURA bajo Li v. Yellow Cab Co. La recuperación del demandante se reduce por su propio porcentaje de culpa, pero no se le prohíbe recuperar aunque tenga más del 50% (o incluso 99%) de culpa. Por tanto, un demandante con 80% de culpa recupera el 20% de $100,000, es decir, $20,000. Los estados con negligencia comparativa modificada le impedirían recuperar, pero California no.

La Proposición 51 (Código Civil §1431.2) mantuvo la responsabilidad solidaria para daños ECONÓMICOS, pero limitó la responsabilidad por daños NO ECONÓMICOS al porcentaje de culpa de cada demandado. Por tanto, el demandado A es solidariamente responsable por los $300,000 de daños económicos, más solo el 10% de los $200,000 de daños no económicos ($20,000), para un total de $320,000. El demandante no puede cobrar más daños no económicos de A porque B es insolvente.

Respondeat superior (latín: 'que responda el superior') hace que el empleador sea vicariamente responsable de los actos negligentes de un empleado cometidos dentro del curso y alcance del empleo. El conductor estaba realizando funciones laborales cuando ocurrió el accidente, por lo que el empleador es solidariamente responsable con el empleado. La responsabilidad estricta se aplica a actividades anormalmente peligrosas (por ej., voladuras); res ipsa loquitur es una doctrina probatoria; la asunción del riesgo es una defensa contra la negligencia.

El CGL estándar tiene tres coberturas. La Cobertura A paga LESIÓN CORPORAL y DAÑOS MATERIALES causados por un SUCESO (occurrence) durante el período de la póliza en el territorio cubierto. La Cobertura B trata la Lesión Personal y Publicitaria (difamación, calumnia, etc.). La Cobertura C es Pagos Médicos sin considerar la culpa. La contaminación está generalmente excluida en la Cobertura A salvo excepciones limitadas.

La Cobertura B del CGL (Lesión Personal y Publicitaria) cubre ciertos delitos intencionales no corporales, incluyendo: publicación oral o escrita de material que difame o calumnie a una persona u organización (difamación), violación del derecho a la privacidad, detención ilegal, persecución maliciosa, desalojo ilícito e infracción de derechos de autor/lemas en la publicidad del asegurado. La difamación es, por tanto, un reclamo clásico de la Cobertura B.

Bajo una póliza por OCURRENCIA, la cobertura se activa por la fecha de la OCURRENCIA (la lesión corporal o el daño material), no por la fecha en que el reclamo se reporta o presenta. Aunque el reclamo se presentó casi tres años después, la póliza de octubre de 2024 responde. Una póliza CLAIMS-MADE funciona al revés: solo se activaría si el reclamo se hace (y reporta) durante el período de la póliza.

El gatillo claims-made requiere DOS condiciones: (1) la lesión subyacente ocurrió en o después de la FECHA RETROACTIVA (aquí, 1 de enero de 2022), y (2) el reclamo se hace por primera vez contra el asegurado Y se reporta al asegurador durante el período de la póliza (o durante un ERP, si se compra). Sin un ERP, un reclamo reportado después del 1 de enero de 2025 no está cubierto. Un ERP suplementario básico de 5 años está disponible por prima adicional, pero el asegurado no lo compró.

Cada suceso individual está limitado por el LÍMITE POR CADA SUCESO ($1,000,000); $600,000 está dentro de ese límite. El Agregado General limita el TOTAL que paga la aseguradora durante el período de la póliza por pérdidas cubiertas (distintas de Productos-Operaciones Terminadas). Después de pagar $700,000, al agregado le quedan $1,300,000, por lo que se paga el reclamo completo de $600,000. (El Agregado de Productos-Operaciones Terminadas es un límite separado.)

Productos-Operaciones Terminadas cubre lesión corporal y daños materiales que ocurren DESPUÉS de que el trabajo del contratista esté terminado y fuera de los locales del contratista. Una vez que la terraza estaba terminada y el contratista había abandonado el sitio, cualquier lesión posterior causada por ese trabajo cae bajo el Peligro de Productos-Operaciones Terminadas. Locales y Operaciones se aplica a lesiones que ocurren en la ubicación del asegurado o durante el trabajo en curso.

La Cobertura C – Pagos Médicos es una cobertura no basada en culpa, de buena voluntad. Paga gastos médicos razonables por lesión corporal causada por un accidente en los locales u operaciones del asegurado, independientemente de si el asegurado tuvo culpa legalmente. Los límites suelen ser bajos ($5,000 a $10,000 por persona). Está destinada a evitar que reclamos pequeños se conviertan en demandas bajo la Cobertura A.

La Responsabilidad Profesional (también llamada Errores y Omisiones o E&O) cubre reclamaciones derivadas de prestar, o no prestar, servicios profesionales. El deber de un agente inmobiliario de divulgar defectos materiales es un deber profesional, no un peligro de locales. La Cobertura A del CGL estándar excluye la responsabilidad derivada de servicios profesionales. La mayoría de las pólizas E&O se emiten en base CLAIMS-MADE.

La Responsabilidad de Directores y Funcionarios (D&O) protege a los directores y funcionarios de la responsabilidad personal por 'actos ilícitos' cometidos en su capacidad corporativa, como supuestas violaciones del deber fiduciario, mala administración o divulgaciones engañosas. EPLI cubre actos ilícitos relacionados con el empleo (discriminación, acoso, despido injustificado), no deberes hacia los accionistas.

El Seguro de Responsabilidad por Prácticas Laborales (EPLI) cubre actos ilícitos derivados de la relación laboral: acoso sexual u otros tipos de acoso, discriminación basada en clase protegida, despido injustificado, represalia, falta de ascenso y reclamaciones similares. La compensación al trabajador cubre lesiones laborales de tipo corporal (no actos intencionales contra empleados). La Cobertura A del CGL excluye lesiones derivadas de la relación laboral.

Las pólizas de Responsabilidad Cibernética cubren tanto costos de primera parte (investigación forense, notificación según Código Civil de California §1798.82, monitoreo de crédito, pagos de ransomware, interrupción del negocio) como responsabilidad de terceros (multas regulatorias, demandas de clientes). Los formularios CGL modernos ahora incluyen una exclusión de 'violación de datos' (ISO CG 21 06 o similar), haciendo esencial la cobertura cibernética independiente.

Una póliza PARAGUAS proporciona (1) límites en exceso sobre las pólizas subyacentes Y (2) cobertura más amplia que puede 'descender' para funcionar como cobertura primaria cuando la subyacente no responde (sujeta a una retención auto-asegurada). Una verdadera póliza de EXCESO sigue la forma: se sitúa sobre los límites subyacentes pero cubre solo lo que la subyacente cubre. El exceso es más estrecho; la paraguas es más amplia.

California generalmente prohíbe demandas dram-shop (Cód. Comer. y Prof. §25602(b)), pero §25602.1 establece una excepción clave: un vendedor con licencia que suministra alcohol a un MENOR EVIDENTEMENTE EBRIO puede ser civilmente responsable por las lesiones resultantes. Debido a que la Exclusión estándar de Responsabilidad por Bebidas Alcohólicas del CGL (CG 00 01) excluye la responsabilidad de un asegurado 'en el negocio' de vender alcohol, se requiere una póliza separada de Responsabilidad por Bebidas Alcohólicas.

La Sección 11580(b)(2) exige que toda póliza de responsabilidad en California permita a un acreedor de sentencia, después de obtener una sentencia firme contra el asegurado deudor y tras la insolvencia o quiebra del asegurado, entablar una ACCIÓN DIRECTA contra la aseguradora hasta los límites de la póliza. Esto protege a los demandantes lesionados cuando el asegurado no puede pagar personalmente.

El Código de Procedimiento Civil §335.1 establece un estatuto de limitaciones de 2 años para acciones de lesiones personales o muerte injusta en California. La lesión ocurrió el 1 de junio de 2024, por lo que la fecha límite para presentar era el 1 de junio de 2026. Presentar el 1 de julio de 2026 está un mes tarde y será desestimada. (Las reclamaciones de contrato escrito tienen 4 años según §337; los contratos orales tienen 2 años según §339.)

Un AGRAVIO es un ilícito civil derivado de la violación de un deber IMPUESTO POR LA LEY para la protección de otros (por ej., el deber de cuidado razonable). Una obligación CONTRACTUAL surge de un deber que las partes han ASUMIDO VOLUNTARIAMENTE por su acuerdo. Los mismos hechos a veces pueden dar lugar a ambos (la negligencia médica puede ser tanto agravio como incumplimiento de contrato), pero la distinción en la fuente del deber es fundamental.

La Cobertura A del CGL excluye lesiones corporales o daños materiales 'esperados o intencionados desde el punto de vista del asegurado'. Los agravios intencionales como agresión, asalto y traspaso son precisamente lo que esta exclusión apunta. (Existen algunas excepciones, como el uso de fuerza razonable para proteger personas o bienes.) La aseguradora no debería defensa ni indemnización por el puñetazo deliberado.

Bajo Knight v. Jewett, California reconoce la 'asunción primaria del riesgo' como defensa completa cuando un demandante participa o asiste voluntariamente a una actividad con riesgos INHERENTES a esa actividad. Ser golpeado por una pelota de foul es un riesgo inherente de asistir a un partido de béisbol (la 'Regla del Béisbol'), por lo que el estadio no debe proteger a los espectadores de ese riesgo más allá de medidas razonables. California abolió la negligencia CONTRIBUTIVA como barrera completa en 1975 (Li v. Yellow Cab).

Negligence is the failure to act with the level of care a reasonably prudent person would use in similar circumstances, and it is the basis of most liability claims. Proving negligence generally requires four elements: a duty owed, a breach of that duty, that the breach was the proximate cause of harm, and actual damages. Absolute (strict) liability applies without proof of negligence in inherently dangerous situations.

Negligence requires proving duty, breach of that duty, proximate cause, and actual damages, but it does not require intent to cause harm; negligence is about carelessness, not intent. An intentional act that causes harm is a separate category (an intentional tort) and is generally excluded from liability insurance. This makes intent the element that does not belong in a negligence claim.

Absolute or strict liability is imposed without regard to fault when a party engages in inherently dangerous activities (such as blasting) or under certain statutes; the injured party need not prove negligence. Vicarious liability holds one party responsible for another's acts (such as an employer for an employee). Contributory and comparative concepts address how an injured party's own fault affects recovery.

Liability (third-party) coverage responds when the insured is legally obligated to pay damages to another party for bodily injury or property damage, and it typically includes the cost of the insured's legal defense. It does not pay for the insured's own property or injuries, which are first-party coverages. The legal obligation, usually arising from negligence, is what triggers the coverage.

A personal umbrella policy provides an extra layer of liability limits that sits above the insured's underlying home and auto liability coverage, and it may cover some claims the underlying policies exclude (subject to a self-insured retention). It generally requires the insured to maintain specified underlying limits. It is excess liability protection, not a first-dollar or property coverage.

A store owes customers reasonable care, and mopping without posting a warning falls below that standard, so the unmarked wet floor supplies duty and breach. The fracture and its costs supply damages, and the causal chain supplies proximate cause; those are separate elements the claimant still has to prove. Strict liability does not apply, because routine floor cleaning is not an abnormally dangerous activity.

A comparative negligence approach reduces the award by the plaintiff's own share of fault: a $100,000 award to a plaintiff found 30% at fault becomes $70,000. The answer that bars recovery entirely once any fault is assigned describes contributory negligence, the older approach a small number of states still follow. Which approach governs is set by each state's law, so the two must not be treated as interchangeable.

Assumption of risk defeats a negligence claim when the injured person knew of a hazard inherent in an activity and voluntarily accepted it; foul balls reaching the seats are the classic illustration. The licensee-versus-invitee answer misuses premises status, which changes the degree of care owed rather than defeating the claim. How much insurance the club bought is not an element of the plaintiff's case.

An intervening cause is a new and independent act arising after the original negligence; when it is unforeseeable it supersedes that negligence and breaks the chain of proximate cause, ending the first party's liability. Vicarious liability fails here because the two drivers share no employment or agency relationship. Res ipsa loquitur is an evidentiary inference drawn from how an accident happened, not a causation doctrine.

Strict or absolute liability attaches to a narrow set of exposures — abnormally dangerous activities such as blasting or keeping wild animals, and defective products — where fault simply is not an issue and carelessness need not be shown. Damages still must be proved, so the answer that removes the damages element is wrong: there is no claim without harm. The claimant also still has to tie the defendant to the activity or to the defective product.

Vicarious liability imputes one party's negligence to another because of their relationship, most often employer to employee for acts within the scope of employment, which scheduled deliveries plainly are. Res ipsa loquitur is an inference of negligence drawn from the nature of an accident, not a way of transferring one person's negligence to another. Ordinary driving is not an ultrahazardous activity, so absolute liability does not reach it.

Res ipsa loquitur — the thing speaks for itself — lets a court infer negligence where the accident is of a kind that does not ordinarily happen without it, the instrumentality was under the defendant's exclusive control, and the injured party did not contribute. It is an evidentiary inference, so the answer describing liability regardless of fault confuses it with strict liability. Punitive damages still require proof of the conduct that would justify them.

Punitive damages punish conduct a court finds willful, malicious, or grossly reckless and deter its repetition; they go beyond making the claimant whole. Medical bills, future lost earnings, and restoration of actual losses are all compensatory and make up the $300,000 portion of this award. Many liability policies do not cover punitive damages, and whether they may be insured at all is a question decided under each state's law.

Special damages are the measurable out-of-pocket losses — medical bills, lost wages, repair costs — which here total $48,000. General damages compensate intangible harm such as pain, suffering, disfigurement, and loss of consortium, which is exactly what the $75,000 represents. Punitive damages are a separate category aimed at the defendant's conduct, and supplementary payments are a policy provision rather than a class of damages.

An invitee enters premises with permission and for the occupier's commercial benefit, so the occupier must inspect for hazards and either correct them or warn of them. A licensee, such as a social guest, enters with permission but for their own purposes and is owed a warning of known dangers rather than an active inspection. A trespasser is generally owed only the duty not to be injured willfully or by a hidden trap.

Attractive nuisance holds an occupier responsible when an artificial condition likely to draw children — a pool, an open pit, discarded machinery — is left unguarded and a child too young to appreciate the danger is hurt, even though that child is technically a trespasser. The doctrine changes the duty owed, so calling the excavation an ultrahazardous activity misstates it. Weak parental supervision may reduce an award but does not extinguish the occupier's duty.

A first-party claim is made by the insured against their own insurer for the insured's own loss, which is what the burned kitchen equipment is. A third-party claim is brought by someone outside the contract against the insured, which the diner's food-poisoning suit is, and it is the liability policy that supplies defence and indemnity. Reversing the two is the common error: the identity of the claimant, not the size of the loss, decides which it is.

Coverage A insures bodily injury and property damage caused by an occurrence — an accident, including continuous exposure to substantially the same harmful conditions — that happens in the coverage territory during the policy period. Libel, slander, and wrongful eviction are personal and advertising injury offences answered under Coverage B. Medical payments made without regard to fault sit in Coverage C, and the insured's own building and stock are a property exposure this policy excludes.

Coverage B answers a defined list of offences: false arrest or detention, malicious prosecution, wrongful eviction or invasion of a right of private occupancy, material that libels, slanders, or disparages, invasion of privacy, and use of another's advertising idea or infringement of copyright, trade dress, or slogan in the insured's advertisement. Lifting a rival's slogan into an advertisement sits squarely on that list. The pallet, the broken door, and the van striking a worker are bodily injury and property damage handled under Coverage A.

Coverage C is a goodwill provision that pays reasonable medical expense for injuries occurring on premises the insured owns or rents, or arising out of the insured's operations, with no finding of negligence required, so long as the injury occurs and is reported within the periods the form states. Requiring a court finding of fault describes Coverage A, not medical payments. These payments erode the each-occurrence limit and the general aggregate rather than the products–completed operations aggregate.

Completed operations respond to bodily injury or property damage arising out of the insured's work after that work is finished and put to its intended use and the insured has left the site, which is exactly this leaking roof. Premises and operations answers injury while the job is still in progress or on premises the insured occupies. Losses charged to completed operations erode the separate products–completed operations aggregate, not the general aggregate.

Each claim is below the $1,000,000 each-occurrence cap, so all three are paid in full: 600,000 + 500,000 + 400,000 = $1,500,000. The general aggregate is the most the policy will pay for such losses in the policy year, so $2,000,000 − $1,500,000 leaves $500,000 for the remainder of the term. The each-occurrence limit caps a single loss and does not reset the aggregate, and premises and operations losses do erode the general aggregate.

A general liability policy carries two annual caps: the general aggregate for premises and operations and most other losses, and a separate products–completed operations aggregate for injury or damage arising out of the insured's products and completed work. Exhausting one leaves the other untouched, so the September product claim is paid from its own aggregate, subject to the each-occurrence limit. Aggregates do not reinstate mid-term, and the form contains no proration of the kind described.

Damage to premises rented to you is a carve-back restoring coverage for fire and certain other damage to a building the insured rents, which the care, custody, and control exclusion would otherwise strip out. The $250,000 loss sits under the $300,000 sublimit, so it is paid in full and nothing is billed to anyone. Denying the claim because the insured does not own the building ignores the carve-back, and the products aggregate applies to products and completed work.

Defence costs on a standard general liability policy are a supplementary payment made in addition to the limit of insurance, so the insurer pays the $1,000,000 settlement and the $180,000 of defence expense, a total of $1,180,000. The answers that subtract defence from the limit describe a defence-within-limits or eroding-limits form, common on professional liability but not here. The duty to defend ends once the limit has been exhausted by a judgment or settlement.

Supplementary payments on a standard general liability policy include the cost of bail bonds up to $250 and reasonable loss of earnings up to $250 a day for time the insured spends helping at the insurer's request. The bond contribution is therefore capped at $250 even though $500 was posted, and three days at $250 a day comes to $750. Paying the whole $500 bond ignores that stated cap, and refusing the earnings ignores the attendance provision.

An occurrence form is triggered by when the bodily injury or property damage takes place, no matter how many years later the claim arrives, so the earlier policy answers injury that happened during its term. A claims-made form is triggered by when the claim is first made against the insured and reaches back only to injury on or after its retroactive date. Policies triggered on two different bases do not share one loss pro rata.

A retroactive date is the earliest date of wrongful act, injury, or damage a claims-made policy will reach; anything happening before it is outside coverage even when the claim itself is made during the policy period. Here the act is five years old and the retroactive date is three years old, so the claim is not covered. An extended reporting period lengthens the window for reporting claims and does not move the retroactive date backwards.

A basic extended reporting period attaches automatically when a claims-made policy ends, at no additional charge, and gives a limited window to report claims for acts before that date. The supplemental period, the purchased tail, must be requested in writing within a stated time and an extra premium paid, and it extends the reporting window far longer. Neither one moves the retroactive date or converts the policy to an occurrence trigger.

An additional insured endorsement extends the named insured's liability coverage to another party, typically for liability arising out of the named insured's work or premises, so the general contractor gets a defence and indemnity under someone else's policy. It does not make that party a named insured, so no right to cancel, amend, or collect return premium comes with it. It also grants no first-party property coverage, because the endorsement operates only on the liability side.

The contractual liability exclusion is given back only for a listed set of agreements: leases of premises, sidetrack agreements, easement or licence agreements, obligations to indemnify a municipality where required by ordinance, elevator maintenance agreements, and the tort liability of another assumed in a business contract. Coverage turns on the agreement fitting that defined class, not on the insurer having pre-approved it. A performance bond is surety, a three-party guarantee, and not liability insurance at all.

An umbrella sits above scheduled underlying policies and pays only after the underlying limit is exhausted, so the primary contributes its $1,000,000 and the umbrella pays the remaining $2,500,000 out of its $5,000,000. It does not respond first while the primary sits untouched, and it is not a pro rata sharing arrangement with the primary. Because the umbrella limit far exceeds the shortfall, none of this verdict is left uninsured.

Where an umbrella is broader than the underlying insurance it drops down and acts as primary for that loss, and the insured absorbs a self-insured retention — a deductible-like amount stated in the umbrella — before the umbrella pays. Exhausting an underlying aggregate matters when the underlying policy does cover the loss but has run out of limit, which is not the case here. No consent from the primary insurer is needed, and buying back the exclusion would defeat the point of the drop-down.

Professional liability, also written as errors and omissions, covers economic loss caused by a failure to use the skill and care expected of a professional, which a faulty design calculation is. A general liability policy responds to bodily injury and property damage from an occurrence and excludes damages arising out of rendering professional services. Employment practices liability answers claims brought by employees, and a surety bond guarantees performance to a third party rather than insuring the architect's mistake.

Directors and officers liability responds to claims that the people managing a company breached their duties in that capacity — mismanagement, inadequate diligence, misleading disclosure — whether brought by shareholders, regulators, or others. Employment practices liability answers claims brought by employees over hiring, firing, and workplace conduct. Fidelity coverage insures the employer against theft by its own employees, and Coverage B handles a listed set of offences such as libel and wrongful eviction.

Employment practices liability insurance covers claims by employees and applicants over wrongful termination, discrimination, harassment, retaliation, and similar workplace conduct, and it pays defence costs as well as damages. Part Two employers liability answers suits arising out of a work-related bodily injury that falls outside the workers compensation benefit, not a termination claim. The general liability offences list does not reach employment practices, and professional liability addresses service errors owed to clients.

A standard general liability policy excludes injury or damage for which the insured may be held liable by reason of causing or contributing to intoxication, furnishing alcohol to a minor or to someone already under the influence, or violating any law relating to the sale of alcoholic beverages. The exposure has to be bought back through a separate liquor liability policy or endorsement. Holding a licence does not remove the exclusion, and whether a server can be held liable at all turns on each state's dram-shop law.

A standard general liability policy carries a broad pollution exclusion removing bodily injury and property damage arising out of the discharge, dispersal, seepage, migration, release, or escape of pollutants, together with the cost of testing for and cleaning them up. Whether the release was sudden or gradual does not restore coverage on the unendorsed form; the exposure is written back only through separate environmental or pollution liability coverage. The products–completed operations aggregate is a limit, not a source of coverage for an excluded loss.