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La sección 1720(a)(1) del Código Laboral pone la prueba en el financiamiento público: el salario prevaleciente aplica a obra hecha por contrato y pagada total o parcialmente con fondos públicos. Un centro comercial privado pagado por completo con dinero privado no es obra pública, así que el umbral de la §1771 nunca entra en juego. Los $1,000 solo marcan dónde empieza el salario prevaleciente en obra que ya es pública y no convierten un trabajo privado. Ninguna ley impone el prevaleciente a toda la construcción del estado. Un permiso de construcción es un acto de control y no aporta dinero público.

Según el Código Laboral §1773, el Director de Relaciones Industriales determina las tarifas de salario prevaleciente por oficio y por condado y publica determinaciones generales en un calendario semestral (normalmente el 22 de febrero y el 22 de agosto de cada año), con determinaciones especiales según sea necesario.

La sección 1771.4(a)(3) del Código Laboral exige que cada contratista y subcontratista de un proyecto monitoreado entregue los registros de la §1776 directamente al Comisionado Laboral, en formato electrónico y del modo que indique el sitio web del departamento, al menos cada 30 días mientras haya trabajo y una vez más dentro de los 30 días del último día trabajado. El correo certificado llega a la oficina correcta en la forma equivocada. El papel a la entidad adjudicadora es el error común: ella sigue recibiendo registros a solicitud bajo la §1776(b), pero eso no cumple la §1771.4. El fax no es un formato prescrito.

Las secciones 1726 y 1727 del Código Laboral obligan a la entidad adjudicadora a retener de los pagos de avance o del final los salarios, sanciones y pérdidas evaluadas por el Comisionado Laboral, y a conservarlos hasta que se resuelva la evaluación, para que el dinero siga disponible para los trabajadores subpagados. Cancelar el contrato es un remedio por incumplimiento regido por las cláusulas de mora y aviso del propio contrato, no por una auditoría salarial. La aplicación del prevaleciente es civil, así que la vía penal no es la ordinaria. Y la entidad no es espectadora: retener es su propio deber legal al ser notificada.

La sección 1735 del Código Laboral prohíbe discriminar en obra pública por raza, credo religioso, color, origen nacional, ascendencia, discapacidad física, condición médica, estado civil, sexo, edad u orientación sexual, e impone una pérdida por cada infracción además de cualquier otro remedio del trabajador. La discreción privada no es defensa, porque el contratista tomó dinero público. La capacitación puede ser un término de acuerdo, no la consecuencia legal. Y la liberación de la retención se rige por el Código de Contratos Públicos §7107, ajeno a la discriminación.

La sección 1771.4(a)(2) del Código Laboral exige que la entidad adjudicadora, o el contratista principal por su indicación, fije avisos en la obra según el reglamento, y el 8 CCR §16451(d) detalla el aviso del DIR sobre la exigencia del salario prevaleciente, el deber de llevar nómina certificada y dónde puede reclamar un trabajador. Los carteles de Cal/OSHA se exigen por separado y no cumplen este deber. El número de licencia va en vehículos y contratos conforme a B&P §7030.5, no en este aviso. La exigencia está vigente, no derogada, y es una de las condiciones del monitoreo del DIR.

El Código Civil §9550 exige que el contratista directo en un contrato de obras públicas mayor a $25,000 otorgue una fianza de pago antes de comenzar, y existe precisamente para este reclamante: un proveedor que trató con un subcontratista y no puede gravar propiedad pública. El reclamo debe hacerse y la demanda presentarse dentro del plazo del §9558, que cierra seis meses después de terminar el período del aviso de retención. Un gravamen sobre la escuela o el edificio municipal (a) es nulo. El proveedor no tiene contrato con la entidad adjudicadora, así que una demanda directa por incumplimiento (b) fracasa por falta de vínculo contractual. Y esperar la retención (c) es la trampa: la retención que se libera conforme al Código de Contratos Públicos §7107 va al contratista principal, no a un proveedor dos niveles abajo, y la espera agota el plazo del §9558 sobre el único remedio que habría servido.

La proporción del §1777.5 requiere al menos 1 hora de trabajo de aprendiz por cada 5 horas de trabajo de oficial. Con 200 horas de oficial, el contratista debe emplear aprendices por al menos 200 ÷ 5 = 40 horas, tomados de un programa de aprendizaje aprobado por el estado.

La sección 1771.4(a)(3) del Código Laboral obliga a cada contratista y subcontratista de un proyecto monitoreado a entregar los registros de la §1776 directamente al Comisionado Laboral, en forma electrónica, del modo prescrito en el sitio del departamento y al menos cada 30 días mientras haya trabajo. Enviarlos solo a la entidad adjudicadora es el error frecuente: esa entidad sigue recibiéndolos a solicitud bajo la §1776(b), pero eso no cumple la §1771.4. El registrador del condado recibe avisos registrados, nunca nóminas. El inspector local revisa el código, no los salarios.

Conforme a la sección 1777.5 del Código Laboral y al 8 CCR §230(a), el contratista avisa por escrito de la adjudicación con un DAS-140 al comité de aprendizaje de cada oficio en el área de la obra, dentro de los 10 días de la adjudicación y antes de comenzar. El DAS-1 es el acuerdo de registro del propio aprendiz, no un aviso de adjudicación. El PWC-100 lo presenta la entidad adjudicadora ante el DIR conforme a la §1773.3, no el contratista. En esta cadena no hay ningún formulario del CSLB: el aprendizaje lo administra la División de Normas de Aprendizaje.

El 8 CCR §230.1(a) exige que el contratista solicite el despacho de aprendices al comité correspondiente con un DAS-142 al menos 72 horas antes de necesitarlos en la obra, sin contar fines de semana ni feriados; si el comité luego no despacha, la solicitud documentada cubre al contratista. Ninguna ley impone pagar el doble del salario de oficial por una plaza vacía. Las exenciones de la §1777.5 las otorga la División de Normas de Aprendizaje, no el Registrador del CSLB. Y pagar la tarifa de aprendiz a quien no está registrado como tal es en sí una infracción del salario prevaleciente.

La sección 1771.4(a)(4) del Código Laboral fija el plazo en tres años después de terminada la obra, y la §1174(d) exige conservar la nómina al menos tres años, de modo que ambas reglas coinciden. Los plazos más cortos dejarían desaparecer los registros mientras una evaluación o una revisión de la §1741 siguen vivas. Atar la conservación de los registros a la liberación del dinero retenido confunde dos cosas que comparten una palabra: la retención se rige por el Código de Contratos Públicos §7107 y suele liberarse a los 60 días de la terminación.

La sección 1771.5(a) del Código Laboral permite a una entidad adjudicadora omitir el salario prevaleciente solo si el Director la aprobó para operar un programa de cumplimiento laboral, y únicamente en construcción de $25,000 o menos, o alteración, demolición, reparación o mantenimiento de $15,000 o menos. La línea de $1,000 es el piso general de la §1771: por debajo no se debe prevaleciente en absoluto, así que no es una exención que la agencia elija. Las cifras de $50,000 y $100,000 no aparecen en la ley, y ser pequeña empresa no exime de nada.

El Labor Code §1771 establece la regla base de que los salarios prevalecientes deben pagarse en todos los proyectos de obras públicas de más de $1,000. Los umbrales más altos de $25,000/$15,000 en la opción D aplican solo a entidades adjudicadoras que han adoptado un programa de cumplimiento laboral aprobado bajo la §1771.5; sin dicho programa, aplica el predeterminado de $1,000 de la §1771. Las cifras de $500 y $5,000 no son umbrales estatutarios. Este piso de $1,000 es uno de los números más frecuentemente preguntados en el examen de Business & Law.

La sección 1775(a) del Código Laboral permite al Comisionado Laboral evaluar hasta $200 por cada trabajador y por cada día calendario de pago insuficiente, además de la diferencia salarial debida, fijando el monto según la gravedad y el historial del contratista. Un porcentaje del contrato no está en la §1775 y desligaría la sanción del número de trabajadores afectados. El triple pertenece a otras normas salariales, no a esta. La tarifa de $50 con tope de $5,000 por obra toma la forma de la sanción de registros de la §1771.4 y la aplica a la infracción equivocada.

El Código de Contratos Públicos §7107(c) exige que la entidad pública libere la retención dentro de los 60 días posteriores a la fecha de terminación, y la §7107(f) cobra 2 por ciento mensual sobre lo retenido indebidamente, en lugar de cualquier otro interés, más honorarios de abogado para quien gane la acción de cobro. Los plazos de 90 y 120 días exceden la ventana legal, y la sanción por demora no es opcional. La cifra de 30 días viene del calendario de pagos de avance; la §7107(d) sí da siete días al prime para pasar la retención a sus subcontratistas, que es otro reloj.

El Código de Contratos Públicos §4104(a)(1) obliga al prime a indicar en su propuesta el nombre, domicilio comercial, número de licencia de California, número de registro ante el DIR y la porción de obra de cada subcontratista cuyo trabajo exceda la mitad del 1 por ciento de la propuesta total. La obra de calles y carreteras tiene su variante — la mitad del 1 por ciento o $10,000, lo que sea mayor — de donde sale el $10,000 de otra opción, pero el porcentaje sigue siendo medio punto, no 5 por ciento. Las cifras de $25,000 y 10 por ciento no están en la ley; listar mal puede costar el contrato bajo la §4110.

El Código de Contratos Públicos §4107(a) permite la sustitución solo por una causal enumerada — el sub se niega a firmar el subcontrato, cae en insolvencia, no cumple, carece de licencia adecuada, etcétera — y solo después de que la entidad adjudicadora dé al subcontratista listado aviso escrito y al menos cinco días hábiles para objetar y pedir audiencia. Un precio menor del reemplazo es 'bid shopping', justo lo que la ley busca impedir, y el aviso por sí solo no lo autoriza. El acuerdo del sub listado no se requiere cuando hay causal, y pagarle por retirarse no es una causal. La fecha de firma no cambia nada.

La sección 1777.5(g) del Código Laboral y el 8 CCR §230.1 exigen al menos una hora de trabajo de aprendiz por cada cinco horas de oficial en el oficio, calculadas a lo largo del proyecto y no turno por turno, salvo que el estándar aprobado del oficio fije otra proporción. Uno a uno por turno infla la proporción y además usa el período de medición equivocado. Dos aprendices por oficial invierte del todo la relación. Y la proporción no la elige el prime: incumplirla sin una solicitud DAS-142 documentada atrae las sanciones de la §1777.7 y una posible inhabilitación.

La sección 1773.1(a) del Código Laboral define el salario por día como la tarifa básica por hora más los pagos del empleador por salud y bienestar, pensión, vacaciones y feriados, aprendizaje u otra capacitación, programas de protección y asistencia al trabajador, y avance de la industria y administración de la negociación colectiva, cada uno según la determinación del Director para ese oficio y condado. Solo efectivo falla porque las prestaciones son parte del total exigido. No hay porcentaje fijo: el monto sale de la determinación. Y el H-2A es un programa agrícola federal ajeno a la obra pública de construcción.

El Código de Contratos Públicos §2500 permite a una entidad adjudicadora usar un acuerdo laboral de proyecto siempre que reciba propuestas de contratistas sindicalizados y no sindicalizados por igual, reconozca el derecho de los trabajadores a elegir representación, prohíba huelgas y cierres patronales, fije un procedimiento de disputas y obligue a todos los contratistas y subcontratistas del proyecto. Un PLA no está prohibido ni se limita a obra federal. Tampoco es obligatorio a partir de cifra alguna: la decisión es de la entidad. La §2503 va en sentido inverso y condiciona fondos estatales a las ciudades charter que los prohíben.

Under Labor Code §1771 and §1720, prevailing wages must be paid on public works projects over $1,000. (A narrow exception allows a $15,000/$25,000 threshold only for certain projects when a local agency has an approved labor compliance program.) The general trigger is the $1,000 threshold.

Labor Code §1770 and §1773 charge the Director of the Department of Industrial Relations with determining the general prevailing rate of per diem wages for each craft and locality. The U.S. Department of Labor sets Davis-Bacon rates, but those govern federally funded contracts, not California public works. The awarding body files the project notice and withholds for violations; it has no power to set the rate by resolution. Union dispatch rates are data the Director may weigh, not the determination itself.

Labor Code §1725.5 requires a contractor or subcontractor to register with the DIR, and pay the annual fee, before it may bid on, be listed on a bid for, or perform public work subject to prevailing wage. The CSLB issues the licence but runs no public works registration or certification, so that option names an agency that has no such programme. A bond of twice the contract amount is not a bidding prerequisite; bonding comes from the call for bids and Civil Code §9550. The Division of Apprenticeship Standards approves apprenticeship programmes, not contractors.

Labor Code §1776(a) requires records showing, for each individual worker, the name, address, social security number, work classification, straight-time and overtime hours worked each day and week, and the actual per diem wages paid, verified under penalty of perjury. Crew or trade totals fail because the record is per worker per day, not per crew. Contract price, change orders and retention are accounting for the contract, not payroll for the workers. The awarding body's payment dates belong to the progress-payment record, not to the certified payroll.

Labor Code §1777.5 requires the contractor to request dispatch from an approved apprenticeship programme, employ apprentices at the required ratio, and make training fund contributions. Davis-Bacon apprentice rules apply to federally funded work; California public works run on §1777.5. The CSLB issues no apprenticeship endorsement, so there is nothing to obtain. One apprentice per journeyman per shift overstates the duty twice over: 8 CCR §230.1 sets one hour of apprentice work for every five journeyman hours, and measures it over the whole project rather than shift by shift.

Labor Code §1741 authorises the Labor Commissioner, who heads the Division of Labor Standards Enforcement inside the DIR, to issue a civil wage and penalty assessment after investigating a prevailing wage violation. The Division of Apprenticeship Standards polices the §1777.5 apprenticeship duties, a separate programme with its own penalties. The CSLB disciplines licences and may act on a §7110 referral, but it does not assess wages or §1775 penalties. The Attorney General may litigate on the state's behalf but issues no assessment.

Public property cannot be sold to satisfy a private claim, so no mechanics lien attaches to it. The substitutes are the direct contractor's payment bond under Civil Code §9550 and the stop payment notice against undisbursed public funds under Civil Code §9352. A notice of non-responsibility is a private-works device by which an owner disclaims work ordered by a tenant; it protects the owner and pays nobody. Builder's risk insures the work against physical loss and answers no invoice.

The federal Miller Act and the state Little Miller Acts, including Civil Code §9550, require the prime contractor to furnish a payment bond protecting subcontractors and suppliers and, on most projects, a performance bond protecting the public agency. Builder's risk covers physical damage to the work and answers no payment claim. A lien waiver runs from the claimant to the owner; it is not something the public agency issues. The bid bond does its work at award and is discharged once the contract and the required bonds are executed.

Public agencies typically must award to the lowest responsible, responsive bidder. 'Responsive' means the bid conforms to the solicitation; 'responsible' means the bidder is qualified and capable. This process promotes fairness and stewardship of public funds.

Labor Code §1775(a) makes the contractor pay the difference between what was paid and the prevailing rate, and adds a civil penalty of up to $200 for each worker for each calendar day of underpayment. Nothing in the statute offers a first-offense warning. Licence revocation is a CSLB proceeding under B&P §7110 that may follow, but it is neither automatic nor what §1775 imposes. Forfeiting the contract price is not a prevailing wage remedy; under §1726 the awarding body withholds only the assessed amounts.

Labor Code §1720(a)(1) defines public works as construction, alteration, demolition, installation or repair work done under contract and paid for in whole or in part out of public funds. The $1,000 figure in §1771 is the threshold above which prevailing wages are owed, not the definition of public works. Public ownership of the land is not the test either: a privately funded project on public land can fall outside it, while a privately owned project built with a public subsidy can fall inside. Work a public agency performs with its own forces is expressly outside §1771.

Labor Code §1776(b) makes certified payroll available for inspection and furnishes certified copies on request to the employee, to a representative of the body awarding the contract, and to the Division of Labor Standards Enforcement, which the Labor Commissioner heads inside the DIR. Designers and inspectors administer the work, not the payroll. The public may request records, but §1776(e) requires the worker's name, address and social security number to be obliterated first, so unredacted public access is wrong. The county recorder takes recorded notices; payroll is never filed there.

Labor Code §1725.5 requires every contractor and subcontractor on covered public work to be registered before it is listed on a bid, awarded work, or allowed to perform, and §1725.5(e) makes an unregistered listing grounds to treat the bid as nonresponsive. The prime-only reading ignores that the statute names subcontractors expressly. Registering later does not cure the defect, because the duty attaches at bid listing. Registration is the contractor's own filing with the DIR; no awarding body registers a firm on its behalf.

Labor Code §1773.1(a) defines per diem wages as the basic hourly rate plus employer payments for health and welfare, pension, vacation and holiday, apprenticeship or other training, worker protection committees, and industry advancement funds. There is no flat percentage: the fringe amounts come from the Director's determination for that craft and county. Travel and subsistence are a separate §1773.8 obligation and do not stand in for the fringe package. Overhead is the contractor's own money and is never credited against what the worker is owed.

A bid bond guarantees only that the successful bidder will execute the contract and post the payment and performance bonds the call for bids requires; if it walks away, the surety covers the agency's cost of going to the next bidder. Freedom from defects is what a maintenance or warranty bond promises. Prevailing wage payment is backed by the payment bond and by §1726 withholding, not by the bid bond. DIR registration of listed subs is verified from the bid itself, and no bond guarantees it.

Labor Code §1777.7 sets a civil penalty of up to $100 for each full calendar day of noncompliance, rising to $300 a day for a knowing second violation within three years, and §1777.1(d)(1) lets the Labor Commissioner deny the right to bid on or perform public work for up to one year, or up to three for a repeat. DIR registration is a separate duty and is not forfeited for an apprenticeship breach. No statute raises the contract price to pay for a compliance failure. The CSLB may discipline a licence after a referral, but nothing about that is automatic.

Labor Code §1777.1 makes a debarred contractor, and firms in which it holds an interest, ineligible to bid on, be awarded, or perform as a subcontractor on a public works project for a fixed term, generally one to three years. The licence itself is untouched: a debarred contractor may keep working private jobs, which is why the CSLB option is wrong. Debarment runs for a stated period and then ends, so permanent removal overstates it. No statute doubles the wage rate as a penalty; §1775 adds a per-worker, per-day penalty instead.

Labor Code §1742(a) gives a contractor served with a civil wage and penalty assessment 60 days to file a written request for review, which is heard inside the DIR before any court sees it. The CSLB has no jurisdiction over a prevailing wage assessment. Going straight to superior court fails because the administrative remedy must be exhausted first; §1742(c) provides for review of the hearing decision by writ. Paying under protest and suing the awarding body targets the wrong party, since the assessment is the Labor Commissioner's.

A bid that misses a material requirement of the solicitation is nonresponsive and may be rejected however low it is; failing to acknowledge an addendum and omitting the subcontractor listing required by Public Contract Code §4104 are both material. An alternate bid is a priced option the agency itself invited, not a defective base bid. Calling it the lowest responsible bid confuses responsibility, which is about the bidder's capacity, with responsiveness, which is about the bid document. An agency may waive only an immaterial irregularity, and an omitted sub list is not one.

The Subletting and Subcontracting Fair Practices Act makes the prime name, in its bid, every subcontractor whose work exceeds one-half of one percent of the total bid, so the prime cannot shop those prices down after award or let rivals peddle lower ones in. Prevailing wage duties come from Labor Code §1771 and apply whether or not a sub is listed. Self-performance is not restricted by the Act; listing is required only for work actually subcontracted. Licensing is policed by the CSLB and by §4104's licence-number requirement, which is a detail of listing rather than its purpose.

Labor Code §1771 excepts only public works of $1,000 or less, so a $50,000 city sidewalk job carries the full prevailing wage obligation for every covered worker, at the rates the DIR Director has determined for that craft and county. Repair is named in the definition of public works, so it earns no minimum-wage treatment. Apprentices are paid their own prevailing rate, but so is every journeyman. The $25,000 figure is real but belongs elsewhere: §1771.5(a) lets an awarding body with an approved labor compliance programme skip prevailing wage on construction of $25,000 or less, and $15,000 or less for alteration, demolition, repair or maintenance.

Labor Code §1776(h) gives the contractor 10 days after a written request and then forfeits $100 for each calendar day, or part of one, for each worker, until strict compliance; those penalties are withheld from progress payments at the Division's request. Withholding is limited to the penalty amount, so the whole progress payment is not lost. Nothing about a records failure extends the completion date. The CSLB is not the assessing body here, and it is not the only one that can act: on a DIR-monitored job §1771.4(a)(3)(B) adds its own $100-a-day penalty, capped at $5,000 for the project.

On a federally funded construction contract above the statutory threshold, the Davis-Bacon Act requires the locally prevailing wages and fringe benefits determined by the U.S. Department of Labor. California's Labor Code prevailing wage scheme attaches to state and local public works; it does not travel onto a federal project merely because the work is in California. Article 2 of the Commercial Code governs sales of goods and says nothing about wages. B&P §7108 concerns diversion of funds by a licensee, not wage rates.

The performance bond names the public agency as obligee and guarantees that the work will be completed according to the contract; if the contractor defaults, the surety arranges completion or pays damages up to the penal sum. Unpaid subs and suppliers look instead to the payment bond required by Civil Code §9550 and to a stop payment notice. A surety bond is not insurance for the principal: it never indemnifies the contractor against its own defective work, and the surety may seek reimbursement from the contractor after paying. Delay damages against the agency are a contract claim, not a bond promise.

Labor Code §1725.5 makes DIR public works registration an annual registration with an annual fee, and it must be current at the moment the contractor bids, is listed on a bid, is awarded work, or performs. A CSLB licence is a separate requirement and waives nothing. A one-time registration would defeat the annual fee the statute imposes. Registration attaches to the contractor, not to the job, so one current registration covers every covered project rather than being repeated contract by contract.

Because public property cannot be liened, the unpaid subcontractor's security is the prime's payment bond: it must give any preliminary notice its position requires and then sue on the bond, which Civil Code §9558 allows any time after it stops work but no later than six months after the stop-notice period in §9356 closes. Recording a lien against the school or city building is void from the start. Retention is money owed the prime under the prime contract, not a fund the agency pays claimants from. No agency consent is needed or available; the bond is a contract with the surety.

Labor Code §1773.1 lets the employer count payments to bona fide health and welfare, pension, vacation and holiday, apprenticeship and training, and similar plans toward the total prevailing wage obligation, so long as the worker still receives the full package of cash plus creditable benefits. Overhead is the contractor's own cost of doing business and buys the worker nothing. Meals and lodging are not on the §1773.1 list; travel and subsistence are separately owed under §1773.8. The last option states the opposite of the rule: benefits are creditable, which is exactly why §1773.1 exists.

Labor Code §1774 binds the contractor and every subcontractor to pay not less than the prevailing rate, and §1772 covers all workers employed on the public work in covered classifications. The duty is not waivable by silence, so a worker who never asks is still owed it. Union membership and dispatch are irrelevant: the rate is set by craft and county, not by who hired the worker. Confining it to the prime's own payroll is the error §1774 exists to prevent, since most public works labour is performed by subcontractors.

Competitive sealed bidding exists to spend public money economically and to give every qualified bidder the same shot, which is why the award goes to the lowest responsible, responsive bidder on published criteria. It does not remove the bonding requirements, which come from the call for bids and Civil Code §9550 and apply on top of it. Discretion to pick a favourite is the very thing the process removes. Wage rates are fixed by the DIR determination under Labor Code §1773 whatever bidding method is used, and they are not union rates by definition.